Esta semana ha sido noticia el hecho de que Cuba incorporó a su legislación la autorización para realizar investigaciones encubiertas y emplear la vigilancia electrónica.
Según se publicó oficialmente, el decreto-ley firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel, ahora aprueba el funcionamiento de las figuras legales: agente encubierto, y colaborador eficaz, los cuales estarán exentos de responsabilidad penal.
Medios locales refieren que la ley busca regular aquellas técnicas especiales de investigación que ya se usaban, y reforzar el ordenamiento penal interno, con el objetivo de elevar la efectividad en la prevención y enfrentamiento de los delitos, especialmente el lavado de dinero y el terrorismo.
La norma expresa que las investigaciones encubiertas son operaciones realizadas por agentes entrenados por el Ministerio del Interior, mientras que el colaborador eficaz es un acusado que ofrece información para evitar que se cometa un delito, y obtiene clemencia por ello.
Uno de los aspectos que se incorpora es la vigilancia electrónica, que va desde las escuchas, la grabación de voces, el seguimiento, la toma de fotografías y la filmación, así como la interceptación de comunicaciones de cualquier tipo y acceso a sistemas computarizados.
En la actualidad muchos países del área han incorporado a sus legislaciones las escuchas y la posibilidad de interceptar comunicaciones, pero en todos los casos -como México, Argentina, Guatemala, Chile o Bolivia- éstas deben contar con el respaldo de un juez.
Históricamente esos mecanismos han sido usados en esas naciones para desarticular bandas criminales, señalar corruptos y descubrir operaciones de lavado de dinero y narcotráfico.
No obstante, en la Isla las figuras ahora permitidas por la ley, como el agente encubierto y el colaborador eficaz ya habían sido empleadas en casos anteriores como técnicas de investigación.
