Aunque se dice que ya los activistas trabajan para presentar una demanda oficial, desde este lunes entró en vigor en la Florida -tercer estado con más indocumentados de EEUU, y entre ellos no pocos cubanos-, una de las leyes antiinmigrantes más estrictas que ha tenido ese país.
Se trata de la ley SB 168 que prohíbe las llamadas ciudades “santuario”, que son aquellas que rechazan colaborar con las autoridades federales migratorias en su proceso de deportar indocumentados.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía a hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los polémicos “detainers” o pedidos de ICE, para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas, muchas veces por infracciones menores, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal.
Para algunos esta ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que prohíbe la captura sin razón y anticipa costosos litigios a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.
Los activistas advierten que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas, y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse abrir la puerta de su casa.
Por si fuera poco, sigue amenazando la noticia de que este fin de semana, el presidente Donald Trump tiene previsto realizar las redadas en busca de familias indocumentadas, justo después del festivo del 4 de julio.
