Un conteo regresivo estableció la entrada en vigor de la nueva constitución en Cuba en el pasado mes de abril. El dios cronos establece que en máximo de seis meses se debe aprobar una nueva Ley Electoral que contemple los nuevos escenarios y cambios de la Carta Magna en la sociedad cubana.
Así lo alertó una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en una entrevista publicada en el medio oficial Granma.
Dice la joven investigadora que ello implica un mandato de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta que el propio texto constitucional dispone la supremacía de la Ley de Leyes.
Se señala también que esta nueva Ley deberá definir cómo garantizar la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos de participación democrática, lo cual supone un alto compromiso.
Se recuerda que la disposición transitoria emitida en aquel momento, aludió también a la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, su Presidente, Vicepresidente y Secretario; el Consejo de Estado, el Presidente y Vicepresidente de la República, los miembros del Consejo Electoral Nacional.
Y con los cambios propuestos, se elegirán por vez primera los gobernadores y vicegobernadores provinciales, junto a los habituales delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su Presidente y Vicepresidente.
Se hace inminente, dicho por los propios juristas cubanos, que la nueva Ley Electoral esté en consonancia con la realidad cubana de hoy y con los cambios introducidos en las estructuras del Estado.
Uno de los elementos que deberá transformarse es una mejor visibilidad de las comisiones de candidatura y de los propios candidatos, porque la gente muchas veces ni los conocen.
¿Mejores candidatos?
Desde esta visibilidad, se advierte que la disposición normativa debe establecer cómo se desarrolla la selección de los precandidatos, en base a qué principios, y qué mecanismos de control existirán para ello, para que realmente resulten difundidas las mejores propuestas en la información a la gente.
La nueva ley electoral también tendrá la responsabilidad de desarrollar cómo será la elección y revocación de los órganos electorales; debe definir la cantidad de diputados de la ANPP, en aras de mayor funcionalidad.
Una vez aprobada, sobrevendrá un proceso para designar los nuevos órganos del Estado, para ordenar y legitimar esas estructuras, así como para la implementación de las principales transformaciones que tienen lugar en el país.
Y por supuesto, que sea capaz de ser sombrilla también para las transformaciones que a futuro puedan acontecer.
