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Desde hoy instituciones y empresas cubanas están obligadas a usar solo softwares nacionales

4 julio, 2019

Publican normativas que establecen obligatoriedad del uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto y de producción nacional

Y si no te gusta…bajando. Como diría la populosa letra musical. Será así, desde este jueves será obligado en Cuba para empresas, instituciones, organismos todos del Estado, el uso de un antivirus nacional, así como de aplicaciones de código abierto y de producción nacional.

Según nuevas disposiciones publicadas hoy, se prevé la migración total en un período máximo de tres años para los Organismos de la Administración del Estado, así que a aprender Linux y nada de Windows.

Aunque las informaciones publicadas no son muy explícitas, debe saber ud que desde el año 2000 Cuba intenta desarrollar una plataforma de software libre, gestionada por estudiantes y profesores de la nombrada UCI, y hasta el 2018 solo se había logrado una versión 6.0 medianamente estable.

A pesar de que todos los sistemas operativos cerrados de uso en Cuba (Windows y derivados) son usados de forma pirateada por la restricción de EEUU sobre la Isla, esta medida llevaba años tratándose de implementar.

De hecho, más de una vez estuvo el run, run de que se haría obligatorio el uso del llamado NovaLinux (sistema operativo cubano), pero nunca se había concretado por la inestabilidad y fallas que el mismo no podía solucionar.

¿Y eso funciona?

El pasado 2018 se presentó la versión 6.0 de GNU/Linux Nova, que ya se usaba en unas 37 500 computadoras, alrededor de 20 000 laptops y 36 700 tabletas que eran ensambladas en Cuba, aunque con diferentes versiones de este sistema operativo.

Sin embargo, en aquel momento muy pocas entidades habían logrado migrar a NOVA (Ministerio de las Comunicaciones, Red de comercialización del Banco Central de Cuba en la sede habanera, el sistema electoral cubano y la UCI).

Una de las noticias esperadas por la población, sin embargo, queda aún reservada, y es la relacionada con la readecuación de la figura del programador de equipos de cómputo en el sector no estatal, que sigue paralizada.

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