Siguen llegando malas noticias para los inmigrantes en Estados Unidos. Ahora el Gobierno del presidente Donald Trump anunció una norma que reduce drásticamente la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país.
La nueva medida incentiva el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como green cards (tarjetas verdes), así como de algunos visados a todos los que pidan o hayan solicitado ayudas sociales al Gobierno.
Según expone el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en sus siglas en inglés), la nueva versión de la regla está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
.@USCIS has issued a rule to ensure self-reliance for non-citizens seeking to enter or remain in the United States. pic.twitter.com/Q8YbfJYbKH
— The White House (@WhiteHouse) August 12, 2019
La normativa, que será divulgada oficialmente en el Registro Federal el miércoles, entrará en vigor sesenta días después de su publicación.
A partir de entonces, el gobierno podrá determinar si el foráneo se ha convertido en una carga pública para la Administración, es decir, si depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
De este modo, una persona con tarjeta de residente permanente o algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en Estados Unidos, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas del Gobierno.
Indignación entre la gente
No pocos grupos se han pronunciado contra esta medida. Alertan de esa medida discriminaría a las personas de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir.
Los inmigrantes legales de la tercera edad, muchos de los cuales obtienen medicamentos recetados a bajo coste a través de programas subsidiados en los Estados Unidos, también podrían verse obligados a dejar esas ayudas o arriesgarse a ser considerados carga pública, lo que no les permitiría mantener el estatus de residente legal.
